PORFIRIATO

Durante el periodo del Porfiriato en México la minería continuó siendo unos de los ejes de actividad económica además de que obtuvo un crecimiento acelerado. Para 1884 se expidió el primer Código Nacional Minero el cual establecía la propiedad privada y la libre explotación del subsuelo bajo la única condición de trabajar y explotar las minas. Asimismo, se señalaba que los impuestos locales y directos a los productos mineros no deberían exceder de 2%. Este régimen promovió enormemente la producción de minerales. A pesar de que todas las medidas instrumentadas favorecieron a los inversionistas nacionales, quienes más las aprovecharon fueron los capitalistas foráneos. Las regulaciones legales de 1884 y 1892 fueron atractivas para estos empresarios, quienes aprovechando las facilidades que se les presentaban, incrementaron sus inversiones, establecieron nuevas empresas mineras, iniciaron la instalación de fundiciones y comenzaron a desarrollar a una escala mayor la explotación de minerales industriales. De 1890 a 1910 se realizan las más importantes inversiones extranjeras, al tiempo que los grandes consorcios foráneos comienzan a consolidarse y a orientar la producción conforme a sus intereses. La penetración del capital foráneo y la centralización se ejemplifican claramente; del total de empresas, 840 eran estadounidenses, 148 de mexicanos, 40 inglesas y dos francesas. La reducida participación de mexicanos en la inversión denota que dichas empresas eran de pequeña magnitud. El crecimiento de la economía minera en ese período pudo obtenerse debido a la existencia de grandes yacimientos que ya se conocían desde la colonia pero no habían sido explotados en forma intensa, a la creciente de la inversión extranjera y al dinamismo de la demanda mundial de minerales. Sin embargo, esos hechos conformaron un proceso de subordinación de la minería mexicana a factores totalmente alejados de cualquier propósito que llevara implícito el interés nacional y un auténtico saqueo de los recursos naturales no renovables. El carácter de enclave de la minería desligada del resto de la economía nacional y de los requerimientos internos, fue ocasionado en gran medida por la legislación. Las disposiciones de esos ordenamientos convirtieron, como se mencionó, en propiedad privada los recursos del subsuelo en beneficio de los empresarios extranjeros y mexicanos, favorecieron la concentración de la riqueza y facilitaron el predominio del capital foráneo.